15 Enero 10 - Madrid - Sergio Alonso La Razón

Las autonomías no aguantan más. Incrédulas ante la sorprendente pasividad del Ministerio de Sanidad, y hartas del roto que causa en sus cuentas un mes sí y otro también la factura en medicamentos, los feudos regidos por el PP y por el propio PSOE se han puesto a actuar. Y han empezado a hacerlo por su cuenta y riesgo, sin informar siquiera al departamento que dirige Trinidad Jiménez, al que reprochan en público y en privado que la simple renovación del sistema de precios de referencia de los fármacos que ha pergeñado no es suficiente para controlar el desbocado gasto en medicinas. Sobre todo, a tenor de la peligrosa evolución que está siguiendo en los últimos meses.
De acuerdo con los datos oficiales, en noviembre esta partida se disparó en el conjunto del país un 7,59 por ciento respecto al mismo mes de 2008, con lo que el acumulado anual se sitúa en el 4,83 por ciento. La cifra, mucho más baja que hace una década, sobrepasa sin embargo con creces en más de cinco puntos el crecimiento de la economía en España medido a través del PIB nominal. Se trata de una horquilla prácticamente inédita en la historia sanitaria española y que da idea de la grieta abierta en el Erario Público.
El inicio de la legislación contra el gasto arranca en Andalucía, feudo del PSOE que se ha dotado de una norma para aplicar en sus hospitales la llamada financiación selectiva de los medicamentos. En virtud de ella, la Consejería de Salud podrá dejar de pagar indicaciones de medicamentos que los pacientes de otras regiones reciben gratis. La última actuación procede de Madrid y Valencia. En la capital, la Consejería de Sanidad ha decidido dispensar sólo desde los hospitales fármacos que antes se expendían también desde las farmacias. Entre los medicamentos afectados figuran antineoplásicos, antivirales o interferones. Con el cambio de dispensación, la Consejería de Sanidad se ahorrará el margen de las farmacias y tendrá más plazo para pagar los fármacos: en lugar de a mes vencido, podría hacerlo a 300 días, de manera similar a lo que ocurre en la Comunidad Valenciana.
Entre esta decisión y la adoptada por Andalucía también median otras. Por ejemplo, Aragón se ha descolgado con una norma con la que podría aplicar en sus hospitales una suerte de «medicamentazo», excluyendo los que considere que no son coste-efectivos. Por último, Galicia ha constituido un órgano cuya misión será, al igual que en Madrid, enviar directrices a los médicos en materia prescriptora «guiando» así sus recetas hacia esa entelequia llamada «uso racional».
De momento, las espadas están en todo lo alto y las autonomías aguardan a conocer el documento final del Pacto por la Sanidad y la Estratetgia de Política Farmacéutica que está redactando el Ministerio de Sanidad.

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